Introducción
En Nicaragua tener acceso a los servicios que prestan las compañías de telecomunicaciones
tiene un costo muy elevado según el Informe Global de Tecnologías de la
Información 2016, publicado por el Foro Económico Mundial. Con uno de los
precios más altos de la región en servicios de telefonía fija, móvil e internet
de banda ancha; el problema de la asequibilidad, más allá de ser una cuestión que
apunta hacia el poder de mercado que ejercen las empresas proveedoras, apunta
también hacia la modalidad reguladora que se ha venido adoptado en el país para
promover la integración del mercado. Y es que la fijación del precio en un mercado
no responde únicamente a los mecanismos de oferta y demanda, sino también, a
elementos institucionales que el análisis de la economía convencional ha dejado
de un lado.
El sector de telecomunicaciones es un sector estratégico debido al
impulso que brinda al desarrollo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), y estas a su vez, al crecimiento y desarrollo económico del
país mediante la reducción de muchos de los costos económicos de operaciones y
transacción de las empresas como también, el mayor acceso a la información que
brinda a la sociedad.
Caracterizado por un comportamiento dinámico e innovador, el desarrollo
del sector de telecomunicaciones plantea la necesidad de establecer nuevas
modalidades de regulación que se presten a ser más dinámicas y flexibles,
permitiendo así un mayor acceso y la adecuada canalización de sus beneficios a
la población.
Por otra parte, ante la limitación de recursos fiscales que caracteriza a
nuestras economías en vías de desarrollo, la estrategia consiste en la búsqueda
de regímenes regulatorios más eficaces, que además eviten, en la medida de lo
posible, ser cautivos de pequeños grupos interés y, por ende, más enfocados en la
mejora del bienestar social.
Las nuevas formas de gobernanza reguladora en la industria pueden arrogar
maneras eficaces de involucrar a todos los agentes relacionados en este
proceso, facilitando el diseño de políticas más acorde a los problemas y necesidades
del sector, siempre de cara a mejorar su competitividad y el impacto social del
mismo.
Por esta razón, el presente artículo establece, mediante una revisión
bibliográfica, la propuesta de una nueva modalidad reguladora en el sector de
las telecomunicaciones basada en la autorregulación de la industria. Para ello,
primeramente, se ha realizado una exposición de los antecedentes y
problemáticas acaecidas en la regulación del sector de las telecomunicaciones
desde su liberalización. Seguido, se aborda la definición del concepto de
gobernanza reguladora de la industria, el establecimiento de las preguntas que
motivan dicha investigación, la propuesta de la autorregulación como regulación
de la industria y la viabilidad de la misma mediante una tipología de la teoría
de juegos diseñada por los autores Simon Ashby, Hoon Chuah y Robert Hoffmann.
Desde que se diera inicio a mediados de la década de los noventa el
proceso de liberalización y privatización del sector telecomunicaciones en
Nicaragua, paralelamente, se dio pie a una serie de reformas del sector, que
incluían entre sus objetivos: a) cambios en el marco regulatorio para atraer
inversión extranjera privada y promover la competencia; b) el fortalecimiento
institucional del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo
(TELCOR); c) la privatización de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones
(ENITEL) y d) el incremento en el acceso de los servicios de telecomunicación
en las zonas rurales (Ansorena, 2008).
Más de una década tuvo que suceder aproximadamente para que este programa
de reestructuración se ejecutara y completara en su totalidad, debido a causas
y conflictos de índole político-institucional.
El más grave, producto de un conflicto abierto entre el poder ejecutivo y el
legislativo a finales de 2004 y que solamente pudo resolverse hasta finales de
2005, con la intermediación del secretario político de la Organización de
Estados Americanos (OEA).
Diez años más tarde, El Informe Global de Tecnologías de la Información
2016, en su última versión del Índice de Preparación en Red (NRI, por sus
siglas en inglés),
ubica a Nicaragua en el puesto 131 de un ranquin que evalúo a 139 países, con
una puntuación global de 2.8 sobre un máximo de 7. Una posición que muestra a
una Nicaragua rezagada, en comparación al resto de países de la región, en
cuanto al aprovechamiento de los beneficios que brindan las nuevas tecnologías.
Una visión más desagregada del NRI, como la mostrada en el Cuadro I,
muestra una evaluación de Nicaragua en función de cuatro categorías de
indicadores, a saber: (1) el entorno general para el uso y la creación de
tecnología (política regulatoria, empresarial e innovación); (2) disposición de
red en términos de infraestructura de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) (asequibilidad y habilidades); (3) adopción/uso de
tecnología por los tres grupos de actores (gobierno, sector privado y
particulares); Y (4) el impacto económico y social de las nuevas tecnologías.
Nótese que por lo general Nicaragua se encuentra por debajo de la media de lo
que sería su grupo país (línea gris), sobre todo en aspectos como la
asequibilidad,
uso por parte del gobierno, impacto social y política y ambiente regulación.
Grafico No. 1
Nicaragua: Evaluación desagregada en el
NRI, 2016
Fuente: The Global
Information Technology Report, 2016.
Los elevados precios que se pagan por los servicios de
telecomunicación en el país, sobre todo móvil e internet, se ha dicho tienen
sus orígenes en los altos costos de inversión que se tienen que realizar en
infraestructura, producto del relieve accidentado que caracteriza al país,
imposibilitando el abaratamiento y el acceso de la población a los servicios
prestados por las compañías telefónicas y de internet (Navas, 2013). Esta
afirmación es cuestionable cuando en la realidad se observan ejemplos como el
de Honduras, un país caracterizado por tener una orografía irregular, muy
similar a la de Nicaragua, pero con unos niveles de asequibilidad superiores e
incluso al promedio del grupo país.
No sería erróneo, desde este punto de vista, suponer
que el proceso de privatización iniciado a mediado de la década de los noventa
y las reformas que le acompañaron, no han logrado sus objetivos. En otros términos, pese a los
esfuerzos realizados para modernizar y desarrollar el sector
telecomunicaciones, el acceso y la ampliación de la cobertura de los servicios
ha respondido sobre todo al avance tecnológico en vez de a la madurez del
sector o mercado.
La pérdida de bienestar que, en este sentido, ha soportado
la sociedad nicaragüense podría asegurarse es considerable. El sector de
telecomunicaciones, sobre todo por el impulso que da a las TIC, representa un
elemento estratégico para el crecimiento y desarrollo económico del país (Sánchez, 2013). A través de promocionar su
dinamismo y desarrollo, otros países se han permitido la creación de nuevos
modelos de negocios, nuevas formas organizacionales, nuevas modalidades de
empleo y novedosos procesos de fabricación de productos con costos casi nulos.
El desarrollo del sector telecomunicaciones da rienda
suelta a nuevas presiones competitivas en los mercados mediante la integración
de estos, es decir, mediante la eliminación de barreras a la competencia. Nicaragua no se puede
permitir seguir estando rezagada, sobre todo cuando se dice estamos ante los
albores de una cuarta revolución industrial,
es necesario avanzar contra los comportamientos anticompetitivos y aquellas
posibles debilidades de la regulación estatutaria como la captura del regulador.
Las mejoras en acceso y desarrollo del sector,
plantean nuevos desafíos en múltiples ámbitos que van más allá de los meramente
económicos. Exigen nuevos tipos de liderazgo y comportamientos, enfoques más
flexibles de gobernabilidad y regulación que superen los fallos de la
regulación clásica
y permitan la absorción de los beneficios que generan las nuevas tecnologías
emergentes. Cuál de todos los nuevos enfoques de gobernanza es posiblemente el
más apto para sortear los problemas y necesidades del sector de
telecomunicaciones, es una de las cuestiones a tratar en el siguiente apartado.
El paradigma de las nuevas formas de
gobernanza regulatoria en la industria.
Dado que las Tecnologías de la Información y
Comunicación están evolucionando rápidamente y se puede esperar que tengan un
profundo impacto en el desarrollo de nuestra economía y sociedad. La política
económica de gobierno puede hacer más para impulsar la integración del sector
telecomunicaciones y con ello mejorar la asequibilidad a las TIC. Es necesario,
para lograr este propósito, establecer nuevos mecanismos de gobernanza regulatoria
en la industria de las telecomunicaciones para canalizar las fuerzas
tecnológicas de manera que generen beneficios amplios para la sociedad.
Estas nuevas formas de gobernanza plantean que la
elaboración de políticas de mejora de bienestar social, no es un campo
exclusivo de los entes públicos, sino también de actores privados (Mayorga & Cordova, 2007). Esto es así dado que, estas nuevas estructuras de
gobernanza exigen que la formulación de políticas, generalmente diseñadas por
actores públicos respecto a áreas sectoriales o funcionales delimitadas, ocurra
alejada de los ámbitos legislativos (Héritier & Lehmkuhl, 2011).
El objetivo o razón de la existencia de estas nuevas
formas de gobernanza, se extiende a la regulación en el sentido de la creación
de mercados y la corrección de las externalidades negativas provocadas por los mismos (Lobel, 2012). Es decir, por una parte, existen para regular la integración de
los mercados: eliminando obstáculos que imposibilitan el acceso a nuevos
participantes, asegurando el buen funcionamiento y el cumplimiento de las
normas del mercado. Por otra, buscan aliviar las consecuencias adversas de los
mercados productivos sobre la salud humana, el medio ambiente y otras políticas
de bienestar nacional.
En este sentido, siguiendo a Héritier & Lehmkuhl,
2011, existen diferentes tipos de modelos de gobernanza, a saber: la creación
de Agencias Reguladoras Independientes (IRA, por sus siglas en ingles), la
Autorregulación por parte de actores privados, la delegación de tareas
reglamentarias a comités especializados y la aplicación del arbitraje como modo
de resolución alternativa a conflictos de actores privados, por destacar
algunos.
La mayoría de estos esquemas han sido aplicados a una
gran variedad de políticas regulatorias tanto en países desarrollados como en
vías de desarrollados, entre estas: la regulación financiera, energética,
minera y las telecomunicaciones, asimismo, la regulación ambiental, la salud,
la seguridad en el trabajo, la aplicación de la competencia y la política de
biotecnología (Bebbington, Abdulai, Humphreys, Hinfelaar, & Sanborn, 2019);
(Altomonte & Sánchez, 2016).
Entre algunos de los elementos que tienen
en común estas figuras, sobresale la necesidad de hacer diseños de políticas
sobre aspectos complejos de integración de mercados y sus externalidades negativas,
todo esto fuera del campo gubernamental tradicional (Zurbriggen, 2011). Es
decir, señalan una tendencia a cambiar la elaboración de políticas a ámbitos
reglamentarios independientes, funcionalmente especializados y más informados y
sobretodo más inclusivo.
En síntesis, los nuevos mecanismos de gobernanza
regulatoria de la industria plantean el diseño de medidas económicas más
inclusivas, que tomen en cuenta las distintas consideraciones e información de
que disponen los agentes involucrados (consumidores, productores, trabajadores,
Estado, grupos de interés y comunidad) en las distintas actividades económicas.
Implican la delegación, de forma gradual, de competencias exclusivas del
aparato estatal a dichas estructuras de carácter privado, en pro de una mayor
eficiencia y equidad de los mercados. En otros términos, demandan la existencia
de alianzas público-privadas y la resolución de marcos normativos de las
industrias más democráticos.
Material y Método
La presente investigación tiene un carácter plenamente
cualitativo. El método empleado consiste en la reunión y revisión sistemática
de estudios e investigaciones a partir de 1990, disponibles libremente y
ligados a las preguntas de investigación. El interés de la investigación ha
sido plenamente el de un ejercicio académico de final de curso en la asignatura
de Economía Institucional de la Maestría en Política Económica para el
Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y
celebrada en Centro Internacional de Política Económica (CINPE).
Un sector como el de las telecomunicaciones,
caracterizado por ser estratégico, dinámico e innovador y en el caso concreto
de Nicaragua, bajo una estructura de mercado oligopólica, con problemas de asequibilidad
y de selección adversa. Demanda la implementación de un nuevo régimen
regulador, flexible e innovador; capaz de solventar las externalidades
negativas y las debilidades de la regulación estatutaria clásica, mediante la
participación activa de los agentes involucrados como de los nuevos
participantes, a la hora de formular políticas comunes. Brindando certeza y
seguridad a los sujetos al momento de planificar sus acciones.
Estas y otras consideraciones conllevan a formular las
siguientes cuestiones:
-
¿Qué régimen, dentro de
las nuevas estructuras de gobernanza regulatoria de la industria, conviene a
los agentes en el sector de las telecomunicaciones?
-
¿Qué condiciones plantearía
la viabilidad eficaz de este nuevo régimen regulador?
-
Resultados y Análisis
Como bien se podría deducir, la autorregulación de la
industria es una de las muchas formas alternativas de gobernanza regulatoria,
diseñada para el buen funcionamiento de los mercados y la corrección de sus
fallas (Chaserant & Harnay, 2011). En esencia, implica que el gobierno
inicie y delegue la gestión de un proceso regulatorio a los participantes de
una industria concreta (empresas, consumidores, grupos de interés, etc.) por
razones tanto políticas como económicas.
La autorregulación utiliza el conocimiento y la
información que poseen los agentes de la industria, para la formulación y el
diseño de políticas más eficaces y del interés propio de los agentes de la
industria, pero fuera del ámbito legislativo tradicional (Gehrig
& Jost, 1995).
En un régimen de autorregulación, los representantes
de la industria o sector pueden actuar conjuntamente para lograr, entre otras
cosas, la protección de los consumidores y de las empresas contra prácticas
anticompetitivas o engañosas;
proporcionar información más consistente sobre los productos, el
establecimiento de estándares mínimos de seguridad y calidad, la creación de
códigos de conducta, evitar obstáculos políticos e incluso iniciar la creación
de normas (Freytag & Winkler, 2004).
Cuando la autorregulación funciona puede dar lugar a
beneficios apropiables tanto de manera privada como pública y, al igual que la
reglamentación legal, reduce la necesidad de contratos detallados y costosos
que generalmente acompañan a las transacciones para proteger los intereses de
los sujetos involucrados (Garvin, 1983).
La autorregulación describe una relación de
cooperación entre los agentes del mercado sobre temas que les conciernen, es
decir, se
trata de un régimen de carácter voluntario, lógicamente con incentivos tanto
negativos como positivos para que los actores del mercado participen, pero que
sigue siendo decisión de ellos aceptar o no este régimen (Doyle,
1997).
Sin embargo, la autorregulación no consiste en un
régimen en donde el gobierno o un ente regulador público carezcan de funciones en
absoluto (Núñez, 2000). Para contar con una autorregulación exitosa es necesario asignar nuevos
roles a los jugadores. En este sentido y siguiendo a Doyle, 1997, la relación
entre los agentes del mercado debe cumplir al menos las tres condiciones
siguientes:
1.
La existencia de un
marco normativo transparente que gobierne a toda la industria, es decir, un
código de conducta lógicamente aceptado por todos los participantes del mercado
y supervisado por un ente fiscalizador designado.
Sobre esta línea, los factores claves que
ayudan a determinar la mejor combinación de regulación estatutaria y
autorregulación en una industria, son: la naturaleza de la competencia, la
estructura jerárquica de las empresas, el alcance de las actividades
emprendidas de las empresas, el ritmo de la innovación y la disponibilidad de
la información.
2.
Los agentes en el
mercado solo participaran si encuentran un objetivo común que valga la pena
lograr de manera conjunta. Así pues, el objetivo para todos los participantes
en el mercado es crear una situación en la que puedan ser innovadores y que les
permita reaccionar rápidamente a un entorno cambiante. Esto también podría
llamarse negociación basada en el consenso, que implica la capacidad de los
actores para centrarse en temas comunes y encontrar soluciones comunes que
ayuden a todos los involucrados.
3.
Los incentivos
estratégicos de los actores para cerrar el mercado a los potenciales
participantes deben ser efectivamente socavados, de modo que incluso aquellos
que actualmente no participan activamente en la búsqueda de una solución tengan
la oportunidad de entrar en el mercado más tarde.
En la práctica, se pueden encontrar casos dentro de la
telefonía móvil en Estados Unidos, Reino Unido y Europa que han firmado autorregulaciones
que contienen reglas de conductas que tratan cuestiones relativas a precios,
normas de radiación y seguridad , sistemas de información y las normas de
arbitraje.
Un ejemplo de la aplicación de mecanismos de
autorregulación en el mercado de telecomunicaciones, por destacar alguno, es el
caso de la Asociación de Telecomunicaciones Alemana (AKNN, por sus siglas en
alemán), la cual logró establecer la mayor parte de estándares técnicos
subyacentes de los procesos entre los operadores.
Se podría considerar, que el éxito de este mecanismo
en el caso de Alemania, es atribuible al nivel de desarrollo o madurez de sus
mercados, instituciones y economía que, por así decirlo, no es equiparable a la
nicaragüense. Pero lo cierto es que la historia de este ejemplo, muestra que, en
los inicios de este régimen, se lograron muchos resultados inútiles puesto que
se necesitaba de nuevos estándares para poder pasar de un mercado monopolista a
un mercado competitivo. Sin embargo, en el transcurso del proceso, el número de
empresas participantes aumentó constantemente hasta llegar a ser alrededor de
50.
Teoría de juegos y la viabilidad de la
autorregulación en las telecomunicaciones.
La autorregulación es un régimen que además de ofrecer
ventajas sobre la regulación estatutaria, permite la apropiación de beneficios
privados a los agentes de la industria que deciden cumplir con el régimen, a
través del desarrollo de economías administrativas potenciales que permiten la
mejora del rendimiento de la industria, la reducción de costes operativos o de
eficiencia entre otros (Garvin, 1983).
Por otra parte, el comportamiento conforme puede
generar beneficios externos adicionales que son de naturaleza pública para la
industria, como la mejora en su conjunto de la reputación de la industria,
evitar una regulación gubernamental más directa y la generación de normas con
pautas más laxas y técnicamente apropiadas (Núñez, 2000).
No obstante, cualquier ventaja comparativa de la
autorregulación sólo puede realizarse cuando un número suficiente de empresas
en la industria deciden cumplir con el régimen, generándose un posible problema
incumplimiento ya que cada empresa puede beneficiarse del cumplimiento de las
demás, independientemente de su propio comportamiento. En resumen, si bien, el
cumplimiento mutuo puede permitir ganancias colectivas a la industria, también
pueden existir incentivos individuales a la libre circulación cuando los demás
cooperan.
Este problema de conveniencia de la autorregulación
puede ser convenientemente a través de la teoría de juegos (Núñez,
2000). Concretamente, mediante una tipología especifica de juegos cooperativos
diseñada por los autores Ashby, Chuah, & Hoffmann, 2004. Es decir, haciendo
uso de una tipología de juegos cooperativos se pueden construir distintos
escenarios genéricos de autorregulación que pueden ser posteriormente evaluados
en función de los pagos de los jugadores y la probabilidad resultante de
cumplimiento colectivo.
Este método práctico contempla una industria de dos
empresas idénticas que eligen simultáneamente entre cumplir (c) o violar (v) un
régimen autorregulado. Posteriormente, el gobierno decide entre persistir con
la autorregulación (del) o introducir la regulación estatutaria (leg). El
resultado de este proceso de toma de decisiones son 8 posibles opciones con sus
respectivos pagos asociados a cada uno de los tres jugadores, tal y como lo
muestra la siguiente figura.
Figura No. 1
Un juego de 8 posibles resultados
Fuente: Ashby, Chuah, &
Hoffmann, 2004
En particular, A y a reflejan el ahorro para el
gobierno al no tener que intervenir la industria, el cual puede ser total o
parcial en función del cumplimiento o no de la industria, lógicamente A>a.
De la misma manera R y r denotan los costos regulatorios del gobierno
según se trate de regulación estatutaria o autorregulación, evidentemente
R>r. Así pues, el parámetro R representa el coste de legislar, más el
de tener que establecer y mantener un ente regulador. Por otra parte, r,
refleja los menores costos de iniciar la autorregulación y de monitorear el
desempeño del arreglo.
K y k implica el costo que, para la empresa,
representa la regulación estatutaria o de la autorregulación, que evidentemente
son menores bajo el régimen de autorregulación, es decir, K >k. B es
el ahorro neto (positivo) de la autorregulación sobre un régimen estatutario que
desde la perspectiva de la empresa es, por tanto, K-k. Finalmente, C,
representan los costes de creación y mantenimiento un asociación de
autorregulación (SRA, por sus siglas en inglés), y que son compartidos por
todas las firmas que cumplen con los requisitos.
La siguiente tabla describe brevemente las variables
del modelo en su caso:
Tabla No. 1
Variables explicativas del modelo
|
A
|
Ahorro
total del gobierno por no intervenir en la industria
|
|
a
|
Ahorro parcial del gobierno al intervenir en la industria
|
|
R
|
Coste
gubernamental de la regulación estatutaria
|
|
r
|
Coste gubernamental de la autorregulación
|
|
K
|
Coste
de la regulación estatutaria directa para la empresa
|
|
k
|
Coste de la verificación estatutaria para la empresa, bajo la
autorregulación
|
|
B
|
Beneficio
relativo de la autorregulación
|
|
C
|
Costes administrativos de la autorregulación de la industria
|
Fuente: Ashby, Chuah, &
Hoffmann, 2004
El que nos encontremos ante una determinada tipología
de la teoría de juegos (alternativa dominante, dilema del prisionero, etc.) que
favorezca o no, la viabilidad de un esquema autorregulado, dependerá del tamaño
relativo de los pagos, es decir, del tamaño relativo de las variables o parámetros
explicados anteriormente.
De forma ilustrativa, desde el punto de vista del
gobierno, este recibe los pagos (A - R), (A - r), (a - r) o (- r), a expensas
del cumplimiento de ambas firmas. El cumplimiento de ambas firmas y la
delegación de la regulación por parte del gobierno, es el resultado más
preferido (línea punteada verde). Esto es así, puesto que es la estrategia que
maximiza completamente los beneficios netos percibidos por la industria y el
gobierno.
Por el contrario, la infracción completa de la
industria bajo la autorregulación es el peor resultado (línea punteada roja).
La clasificación de los seis resultados restantes depende de los tamaños
relativos de A-R y a-r, respectivamente. Si A-R> a-r, entonces el beneficio
neto del gobierno por la autorregulación con cumplimiento parcial de la
industria es menor que el beneficio neto de la regulación estatutaria. Como
resultado, sólo es aceptable el cumplimiento total de la industria para
permitir que la autorregulación persista. Por el contrario, A - R <a - r
indica que la autorregulación con cumplimiento parcial de la industria es
suficiente para compensar el beneficio neto de un régimen legal. Esta relación
entre A-R y a-r puede por lo tanto ser interpretada como una medida de la
tolerancia gubernamental hacia el incumplimiento bajo la autorregulación. Las
dos posibilidades resultantes se denominan regímenes de tolerancia cero y
tolerancia parcial respectivamente. En el primer caso, el régimen de
autorregulación se sustituye por una intervención más directa cuando al menos
una empresa se desvía, y en el segundo, sólo cuando ambas empresas se desvían.
Finalmente, la Tabla No. 2 consiste en un ejercicio
por determinar cuáles serían las variables explicativas proxis del modelo,
aplicables al caso de la industria de telecomunicación nicaragüense.
Evidentemente dichas variables son susceptibles de ser ampliables, precisadas e
incluso modificables, todo con el objeto de determinar de mejor manera los
pagos y gastos realizados por los agentes.
Tabla
No.2
Variables
Proxis
Sector
Telecomunicaciones
|
A
|
Ahorro en el tiempo promedio de duración
del proceso de intervención, ahorro en costos de operaciones (transporte,
beaticos, etc.), ahorro en salario por hora de auditores, supervisores,
técnicos, peritos y demás profesionales ( total puesto que todas las empresas
cumplen)
|
|
a
|
Ahorro en el tiempo promedio
de duración del proceso de intervención, ahorro en costos de operaciones
(transporte, beaticos, etc.), ahorro en salario por hora de auditores,
supervisores, técnicos, peritos y demás profesionales ( parcial puesto que no
todas las empresas cumplen)
|
|
R
|
Tiempo promedio requerido para aprobar
una legislación, presupuesto público anual destinado al ente regulador y
supervisor TELCOR.
|
|
r
|
Tiempo promedio requerido
para aprobar una legislación, coste de creación y de operaciones de la
agencia estatal supervisora (con la posibilidad de delegar en agentes
privados dicha función).
|
|
K
|
Tiempo promedio de la intervención y
supervisión por parte de TELCOR, tiempo promedio de preparación y
comprobación de informes, salario por hora de técnicos y auditores internos
empleados.
|
|
k
|
Costes por verificación de
acuerdos contraídos traducidos en: tiempo promedio de preparación y
comprobación de informes, salario por hora de técnicos y auditores internos
empleados.
|
|
B
|
Mayor credibilidad y reputación de la
industria que podría traducirse en: contratos menos explícitos, menores
costes de transacción, de operaciones y de fiscalización.
|
|
C
|
Tiempo promedio para el
establecimiento de los acuerdos, normas y estatutos de la cooperación;
salario por hora devengado por interventores y representantes, costos anuales
de instalación y de operaciones de la agencia autorreguladora (compartidos
entre las empresas).
|
Fuente:
Elaboración propia.
Conclusiones
El sector de las telecomunicaciones se ha
caracterizado por ser una industria estratégica para las economías debido al
impulso que brinda al crecimiento y desarrollo económico de los países.
Asimismo, es un sector que constantemente se encuentra sometido a cambios e
innovaciones que exigen del mismo una alta capacidad de respuesta y de
adaptabilidad. Es objeto de la regulación estatutaria contribuir con este
propósito, siempre en vistas de mojar la eficiencia en los mercados, reducir
asimetrías e incentivar una mayor competitividad. En esta línea, el régimen de
autorregulación de la industria se presta como una modalidad de gobernanza
regulatoria muy poco estudiada, interesante y apropiada para este tipo de
sectores altamente innovadores. Se dice interesante porque su análisis puede
ser perfectamente injertado en otros sectores e industrias como el de la salud,
el sector transporte y el sector energético, entre otros. La viabilidad de la
autorregulación, además de depender de aspecto como la naturaleza de los
mercados (tamaño de la oferta y la demanda), puede ser abordada desde el punto
de vista de la teoría de juegos. En este sentido el modelo propuesto por los
autores Ashby, Chuah, & Hoffmann, 2004; constituye un esfuerzo que para
fines metodológicos, didácticos y prácticos; resulta interesante. Permitiendo
adentrase en la discusión, la determinación y cuantificación (en su caso) de
las variables explicativas del modelo.
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